Colaboración del Lic. Héctor Avilés Fernández, Presidente del Consejo General del IFE para el No. 45 de la Revista VOCEES.  

En el Pacto por México, firmado en diciembre de 2012 por el Presidente de la República y los representantes de los tres partidos políticos mayoritarios, se establece una agenda de temas para llevar a cabo una serie de reformas y acciones de gobierno de manera consensada por las fuerzas políticas que lo suscriben, entre esos temas se incluyó un apartado de gobernabilidad democrática, que contempla varias propuestas en materia electoral, tales como la creación de la figura de gobiernos de coalición, cuya función sería la aprobación de un programa de gobierno, una agenda legislativa y de un gabinete de coalición, la creación de una Ley General de Partidos, una reforma política cuyo objetivo sería la reducción del gasto de los partidos políticos así como transparentar el mismo, la disminución de los topes de campaña, la revisión al esquema de asignación de tiempos de campaña en radio y televisión, replanteamiento sobre el uso de anuncios publicitarios, la prohibición de la entrega de bienes utilitarios usados para la promoción del voto o la ayuda en especie como despensas o materiales de construcción, el fortalecimiento de la ley para evitar el uso de esquemas financieros o de recursos de origen ilícito con el propósito de inducir y coaccionar el voto, la incorporación a la legislación de la nulidad de la elección por rebasar los topes de campaña, utilizar recursos económicos no permitidos por la ley y la compra de cobertura informativa en los medios de comunicación social, y la creación de una autoridad electoral de carácter nacional y una legislación única, que se encargue tanto de las elecciones federales, como de las estatales y municipales. Sobre este último apartado es en el que nos avocaremos a hacer una serie de reflexiones en las siguientes líneas.

La Constitución General de la República en su artículo 40, establece que el estado mexicano se constituye en una República democrática, representativa, laica y federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de nuestra ley fundamental. 

Además de lo anterior, el artículo 116 del ordenamiento mencionado, establece una serie de reglas y competencias en materia electoral, enfocadas a la organización de los comicios que se llevan a cabo para la renovación de los poderes ejecutivos y legislativos locales, brindando a los estados la atribución de legislar en materia electoral, con la única limitante de ceñirse a los principios establecidos en la Constitución.

De tal forma que podemos partir de un esquema en el cual a través de nuestra carta magna se establecen los principios en materia electoral federal y local, pero en esta última se deja a la libre voluntad de los legislativos locales la regulación de la materia y la creación de la norma secundaria, es decir, de las leyes y códigos electorales, es por esa razón que en el país se cuenta con una amplia diversidad de esquemas e instituciones de tipo electoral, o dicho de otra manera, con una abundante variedad de estilos para la regulación de las elecciones locales en las entidades federativas. Esto ha permitido que muchos de los cambios importantes en la materia surjan precisamente en los estados y permeen hacia el centro, es decir a la legislación federal.

La creación de una autoridad electoral de carácter nacional, que algunos ya empiezan a mencionar como el Instituto Nacional de Elecciones (INE para efecto de estas notas), y de una legislación única en la materia, que se encargue tanto de las elecciones federales, como de las estatales y municipales, conlleva una serie de cambios no sólo de forma sino también de fondo que necesariamente impactan en la constitución y en la forma en que hasta hoy se encuentra establecido el pacto federal, en donde los estados son soberanos en la determinación de las reglas electorales.

Primeramente el planteamiento supone la desaparición de la facultad de regulación de los estados en materia electoral, para dar paso a una sola legislación que sería competencia exclusiva del Congreso de la Unión, con lo cual pasaríamos, al menos en esta materia, de ser una república federal a una de tipo centralizado, donde los legislativos locales ya no cuenten con la atribución de establecer las reglas para la celebración de los comicios en sus propias entidades, se daría paso entonces a un solo esquema de organización electoral, que si bien podemos afirmar que en muchos de los apartados de las leyes electorales locales encontramos coincidencias, por otro lado también hay diferencias sustanciales en cuanto al grado de avance de algunas, ya que el desarrollo en la materia ha transitado por distintos supuestos en cada estado, e incluso no empezó de manera simultánea sino escalonada.

El reto no es menor, tratar de homologar la legislación electoral a nivel nacional y seguir brindando a la ciudadanía de condiciones que garanticen la correcta realización de las elecciones, podría no ser cosa sencilla. Esto lo decimos porque en cada estado de la República se ha ido perfeccionando la legislación electoral de acuerdo a las necesidades propias de cada entidad, atendiendo a la amplia diversidad política y social existente en el país, una sola ley electoral podría no armonizar con el mosaico del que hablamos.

De forma preliminar y por demás anticipada, dado que aún no se ha socializado la propuesta específica de reforma electoral, vamos a mencionar algunos de los temas que están sobre la mesa de discusión en torno a la reforma citada y la conveniencia o no de la creación del Instituto Nacional de Elecciones (INE).

En relación con el dinero que se gasta en la organización de las elecciones, se habla de manera generalizada que con la creación del INE el monto del ahorro sería aproximadamente de la mitad de lo que se gasta haciendo los comicios de manera separada por el IFE y las autoridades electorales locales, lo cual antes de afirmarlo, necesariamente debe ir acompañado de un análisis financiero y estratégico serio, ya que existen costos que sería imposible reducir como todo lo referente a las boletas y documentación electoral.

En el apartado de organización y capacitación electoral, que constituye uno de los rubros en los que más grande es el gasto electoral, se tendrá que plantear el problema de la mesa directiva de casilla única, dado que en comicios federales y locales concurrentes, en donde coincidirían en la misma jornada electoral seis elecciones, es decir, las tres federales que son de Presidente de la República, senadores y diputados, así como las locales de gobernador, diputados y ayuntamientos, la carga de trabajo para  los funcionarios de casilla iría en contra de la rapidez para la realización de los escrutinios y la oportunidad y prontitud de contar con mecanismos para la obtención de los resultados se vería comprometida. Si se opta por el esquema de dos casillas, el ahorro es marginal o casi inexistente, aunque se gana en eficacia en el trabajo desempeñado por los funcionarios de casilla, al dividir las cargas de trabajo y también en oportunidad en la obtención de los resultados.

El otro punto es que para que el IFE organice las elecciones locales en las entidades federativas necesita fortalecer su estructura y presencia en todos los estados de la República, ya que su cobertura actual pudiera resultar insuficiente para  la tarea que se pretende encomendarle. Me explico: el IFE cuenta con unas oficinas centrales en la Capital del país, con treinta y dos  delegaciones estatales y con trescientas oficinas distritales distribuidas a lo largo y ancho de México, pero para efecto de las elecciones locales habría que sumar el número de oficinas distritales y municipales que en total resulte de las treinta y dos entidades federativas, casi tres mil oficinas más, que si bien no tendrían el carácter de permanente, de todas formas se tendrían que habilitar para los comicios locales. Esto si se empataran todos los calendarios de las elecciones locales, pero si no resulta así, entonces la necesidad se daría de forma diferida, ya que cada año habría que organizar elecciones locales como hasta ahora sucede.

Otro de los argumentos para justificar la creación del INE es que se dice que actualmente los gobernadores de los estados han ejercido una influencia negativa sobre los organismos electorales locales, y al ser un solo organismo el encargado de la organización de los comicios, y además siendo éste de carácter federal, la influencia de los ejecutivos locales ya no sería posible. De comprobarse este argumento, entonces no solamente podríamos pensar que el campo de lo electoral es el único afectado sino que habría entonces que revisar cada organismo y atribución en que los ejecutivos locales toman parte en alguna decisión. Descargar toda la responsabilidad en las autoridades federales, repito, sería dar un giro hacia un esquema centralizado, distinto al establecido en el pacto federal, para lo cual entonces necesariamente hablaríamos de un poder constituyente para la creación de una nueva Constitución y no sería posible el cambio planteado en materia política y electoral solamente con una reforma a la Constitución por el constituyente permanente, dada la connotación que implicaría la reforma. Es decir, el planteamiento va más allá de una reforma a nuestra Constitución en el apartado de elecciones, ya que también implica el tipo de república y afecta a las competencias otorgadas a los estados en materia política de manera sensible.

Para concluir el comentario anterior, consideramos que es necesaria una reforma que garantice condiciones de imparcialidad en los comicios locales, estableciendo reglas claras sobre el nombramiento de consejeros en los organismos electorales locales, renovación escalonada en esos cargos para evitar que una sola legislatura lleve a efecto todos los cambios, criterios específicos sobre los perfiles deseados para los mismos, que eviten el vacío que se da al momento de su designación, y todo esto bien podría ser materia de la reforma constitucional planteada, pero sin afectar la soberanía de los estados ni el tipo de República que somos.

Finalmente, el planteamiento de una sola autoridad electoral de tipo federal ha estado presente al menos desde la reforma de 2007 y ha persistido la tendencia centralizadora para hacerlo materialmente posible, pero bien podría darse al revés, es decir, dotar de facultades a los estados para organizar las elecciones federales y, en ese supuesto, sí se daría bajo una sola legislación federal y siguiendo un solo esquema en todo el país, ¿cuáles serían las razones para no hacerlo así?