Las recientes reformas constitucionales en materia política y electoral han instaurado un nuevo modelo comicial, que tiene como finalidad fortalecer y consolidar a las instituciones electorales en las entidades federativas, homologando procedimientos y condiciones a nivel nacional. Lo cual impone el reto de elevar la calidad de los procesos electorales en estricto cumplimiento a los lineamientos dictados por una nueva autoridad: el Instituto Nacional Electoral.

 

Por ello, en ejercicio de su autonomía, quienes tenemos la alta responsabilidad de llevar a cabo el proceso electoral 2014-2015 nos pronunciamos por la imperiosa necesidad de contar con los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros, sin que éstos se vean supeditados a criterios de cualquier tipo que no atiendan al único objetivo de garantizar el efectivo ejercicio y goce de los derechos político-electorales de los ciudadanos en el Estado, en atención a la legítima renovación e integración de los poderes públicos en el marco de un clima de paz, tranquilidad y estabilidad, particularmente ante el escenario político y social que recorre el país.

 

En días recientes, tanto en la iniciativa enviada por el Ejecutivo al Poder Legislativo, así como en el Proyecto de Dictamen de la Ley del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2015 emitido por la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, se aprecia una grave disminución al monto aprobado por el Pleno del CEEPAC, situación que de materializarse, tendría como consecuencia la imposibilidad de cumplir a cabalidad con nuestro mandato constitucional en los términos impuestos por el nuevo modelo electoral.

 

Cabe señalar que el presupuesto para el proceso electoral 2014-2015 se elaboró atendiendo a la nueva legislación y sus disposiciones, mismas que fueron aprobadas por los poderes de la Unión y ratificadas por el actual Congreso Local, resultando paradójica la asignación de tales responsabilidades sin brindar las condiciones para su efectiva realización.

 

Por ello, y ante la responsabilidad y consecuencias que un asunto como éste puede traer a nuestra sociedad, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana hace un atento llamado a quienes tienen en sus manos la decisión que nos ocupa, a reflexionar consciente y seriamente sobre la importancia de generar las condiciones adecuadas para el desarrollo del proceso electoral.

 

De cara a la opinión pública, reiteramos nuestro compromiso con la imparcialidad y el respeto a la voluntad ciudadana que se expresará en las urnas el próximo 7 de junio.